Impactante vídeo ha circulado en las redes sociales de nuestro país en donde vemos el lamentable acto de tortura al que exponen a una mujer ejecutado brutalmente por manos de una soldado de las Fuerzas Armadas, un oficial del Ejército y un elemento de la Policía Federal.
Cuando Human Right Watch u otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos aseguran que la tortura en México si existe y se ejerce de manera cruda en contra de hombres y mujeres civiles en nuestro país, es toda una realidad, solo basta ver la manera en la que uno de los torturadores le pregunta a la víctima ¿si quiere más agüita, o toques? lo que refleja que es un práctica común de quienes ejercen este tipo de acciones que conocen bien y que seguramente ejecutan regularmente con distintos fines.
El verdadero problema es que con un sólo video es posible sensibilizar a la sociedad para darse cuenta de las maniobras que pueden ser utilizadas por las fuerzas policiacas para sacar confesiones. Si esto le sucede a una mujer de nombre María, que poco o nada se sabe de ella, ¿qué no le sucederá a verdaderos delincuentes o incluso a civiles que aún siendo inocentes caen en manos de la autoridad?
Este acto de barbarie, refleja la decandencia que se vive en nuestro país y pone en entredicho la manera en que operan las autoridades en donde queda claro el abuso de poder al que potencialmente una persona puede ser expuesta.
Organizaciones no gubernamentales han reaccionado frente a los acontecimientos y han decidido levantar la voz para señalar la impunidad que se vive en nuestro país.
Santiago Corcuera integrante del Comité en contra de las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas declaró que “este caso es muy parecido al de Tlatlaya en donde la autoridad comienza a actuar hasta que se hace publico.” Lo mismo que con otros tipos de casos que hoy llaman la atención ante la opinión pública y que sólo con la presión de los medios de comunicación, la fuerza de las redes sociales y de la opinión pública es posible que se resuelvan o se tomen cartas en el asunto.
Mientras que las autoridades mexicanas niegan que se ejerza la tortura en nuestro país, y se niegan a acatar las recomendaciones otorgadas por las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, los hechos hablan por sí mismos y responden una realidad inexcusable.
A pesar de que la Sedena dio a conocer en un comunicado que estos elementos están siendo castigados por “desobediencia” la opinión publica sigue exigiendo que se explique porque no se le califica como una grave violación a los derechos humanos en lugar de un agravio de menor grado.
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