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La ciudadanía exige que el agua sea un derecho, no una mercancía.

La ciudadanía exige que el agua sea un derecho, no una mercancía.

En el marco del 22 de marzo, “Día Internacional del Agua”, se retomo un tema fundamental para el ser humano a nivel global: el agua. Una fecha que sirve para recordar el valor del líquido más preciado del mundo, mejor conocido como “el oro azul.”

“El agua no se debe vender. No se debe cobrar por ella”, esa es la demanda de los ciudadanos que en el marco de esta fecha han protestado en las afueras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para resaltar la crisis hídrica que existe en nuestro país.

Temerosos de que la Ley General de Aguas avance y se ponga en riesgo el vital líquido, organizaciones no gubernamentales aseguran que “no podemos permitir que se privatice el agua, o que la quieran vender más cara”. Representantes de grupos a favor de la vida y el agua, invitan a los diputados a que se pongan a pensar en la gente que gana menos ¿como podrían afrontar pagar una cuota por ella? 

Según los distintos representantes sociales si se llevará a cabo la Ley General de Aguas, se profundizará en la crisis hídrica que ya existe en esta materia, sobretodo porque la prioridad para esta ley no son los ciudadanos, sino las actividades industriales, mineras y de fracking por encima de las necesidades humanas.

Académicos, investigadores, organizaciones ambientales y de derechos humanos piden que se dictamine la Iniciativa Ciudadana de Ley recibida por el Senado el pasado 23 de febrero, que ha sido planteada para beneficio 100% de la ciudadanía.  Lo que se buscan con ella es que el agua, sea un derecho humano y no una mercancía. 

Entre algunos de los puntos que han causado mayor controversia se encuentran:

  • La ley en el art. 49 reduce el acceso al agua a 50 litros diarios para hidratación, higiene y otros usos, el mínimo indispensable para poder vivir,
  • La Organización Mundial de la Salud promueve 100 lts diarios para los mismos fines ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Pone límites de acceso  al agua a los habitantes de asentamientos legalmente constituidos.
  • La ley podría afectar a campesinos e industria agrícola.
  • Promueve el fracking y por lo tanto la contaminación del agua. 

La sociedad civil ha decidido levantar la voz a través de acciones encaminadas a forzar a las autoridades correspondientes a replantearse la ley para que no se permita que el agua pase a manos de los empresarios cuyos fines son meramente lucrativos.

A través de mitines, conferencias de prensa, actividades artísticas, culturales y audiovisuales diversos grupos de la sociedad  han empezado a actuar con el fin de sensibilizar y crear conciencia entre la ciudadanía de que el agua tiene un valor fundamental para la vida y es necesario defenderla. 

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