Foto: Renuncia Arturo Escobar a la Subsecretaria de Gobernación por denuncias presentadas por el PAN y el PRD/ Con información de Notimex/ Agencias.
El que fuera dirigente del Partido Verde Ecologista Arturo Escobar, tuvo que renunciar a su cargo en la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, después de que la Fepade le pidió a un juez que le diera orden de aprehensión en su contra por haber violado la ley electoral.
Por el momento la Fiscalía Especializada de Gobernación ha pedido que se lleve a cabo la aprehensión de Arturo Escobar quien ha sido acusado de ofrecer beneficios para los electores lo que esta fuera de la ley así como contar con proveedores que no son autorizados en los comicios del 2015.
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales ha girado una orden de aprehensión en su contra, por haber entregado ilegalmente 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la campaña pasada.
El ilícito en el que incurrió Escobar, esta catalogado entre los delitos que se pueden castigar entre 5 y 15 años de prisión
“a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido político, cuando haya una prohibición para ello.”
Según las investigaciones realizadas por la institución, muestran que el 18 de febrero el ex dirigente del Partido Verde, contrató a la empresa Proyectos Juveniles por un monto de 2.3 millones de pesos para llevar a cabo la entrega de tarjetas de descuentos, lo que prohibe la ley.
Además, la Fepade imputa a Escobar un segundo delito, el cual esta relacionado con la contratación de esta misma empresa ya que esta no estaba estipula entre los proveedores autorizados por el INE al momento de firmar el contrato.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, castiga hasta con 6 meses de cárcel a quienes provean bienes y servicios a las campañas electorales sin que se encuentren inscritos en el padrón del órgano electoral.
Por otra parte la Fepade ha ejercido acción penal en contra de Luisa María Robles Ponce, la apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles quien es la responsable de la contratación de la distribución de las tarjetas.
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